La Universidad Autónoma de Zacatecas se enfrenta a transformaciones sociales, educativas, científicas, tecnológicas, laborales y financieras que ya no pueden resolverse mediante ajustes aislados. La estructura, normas, procesos administrativos, oferta educativa y el modelo académico requieren adecuarse a las nuevas circunstancias para asegurar la pertinencia y calidad educativa, la eficiencia institucional, la transparencia, y la capacidad de respuesta ante las necesidades sociales. La Reforma Integral busca, mediante la participación de toda la comunidad universitaria y la sociedad en general, identificar qué se debe conservar y qué se necesita cambiar, sin renunciar a su carácter público y su autonomía.

La prolongada crisis financiera de la institución y las nuevas condiciones de la educación en México y el mundo, además del tiempo transcurrido desde la última reforma, propician que hoy sea el momento justo para iniciar este proceso que cuenta con el respaldo del H. Consejo Universitario y la disposición de diversos sectores de la comunidad para participar, construir acuerdos y encontrar soluciones. Postergar la Reforma profundizaría los problemas, ampliaría las brechas de competitividad académica frente a otras instituciones y podría permitir una mayor intervención de factores externos en las decisiones internas.

La forma en la que se está construyendo el proceso: metodología ordenada, diagnóstico a partir de evidencias, transparencia, participación y deliberación abierta, amplia, plural, y traducción de las propuestas en cambios aplicables. La Reforma tomará en cuenta las opiniones de estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades, sindicatos, egresados y actores de la sociedad, lo que otorgará legitimidad a los resultados. La intención es que todas las propuestas puedan convertirse en cambios y acciones concretas.

No realizar cambios ahora podría agudizar los problemas más urgentes, como la inviable situación financiera, la incongruencia de la normativa con los usos y costumbres, la ineficiencia administrativa, la fragmentación institucional y el debilitamiento de la gobernanza. También se incrementaría el riesgo de perder pertinencia académica, la matrícula, el prestigio institucional, la legitimidad social y la capacidad para responder a los cambios tecnológicos y del mercado laboral. Así mismo, la inacción podría comprometer la autonomía y las condiciones laborales de docentes y trabajadores.

Construir, mediante un proceso abierto y democrático, un acuerdo que fortalezca integralmente a la UAZ en tres ejes: académico, administrativo y normativo. Para ello, se propone partir de un diagnóstico objetivo que identifique los problemas estructurales y formule soluciones que fortalezcan la viabilidad y sostenibilidad institucional. La Reforma tendría que ser el inicio de un sistema permanente de evaluación, transformación y mejora continua, orientado a fortalecer su función principal de formar profesionistas, generar conocimiento, resguardar y difundir la cultura y contribuir al desarrollo de la sociedad.

Es un proceso planificado, estructural, participativo y deliberativo para revisar y transformar el modelo académico, la organización administrativa, el marco normativo, los procesos institucionales y los mecanismos de toma de decisiones. Debe sustentarse en un diagnóstico, una consulta amplia, el análisis de evidencias y la construcción colectiva de acuerdos. No debe confundirse con hacer cambios superficiales, sustitución de autoridades, mejoras aisladas de infraestructura, apertura de programas educativos o implementación de sistemas tecnológicos sin una transformación integral. Tampoco es una imposición externa o vertical, una confrontación política, un ejercicio de participación simulada, una afectación automática de derechos, una agenda previamente decidida, una simulación participativa ni una solución inmediata para todos los problemas universitarios.

Fue constituida por acuerdo del H. Consejo Universitario y está integrada por académicas y académicos de diferentes áreas y unidades. Su función es técnica, metodológica y organizativa: diseñar la ruta de trabajo, establecer mecanismos de participación, coordinar actividades, sistematizar aportaciones y presentar resultados ante las instancias competentes. La Comisión no decide el contenido de la Reforma, su responsabilidad consiste en contribuir a que el proceso tenga orden, claridad y participación.

Se estima que pueda durar entre 17 y 24 meses. Durante este periodo se contemplan diferentes etapas: sensibilización, diagnóstico, consulta, diálogo, elaboración de propuestas y validación. Los tiempos son importantes para organizar el trabajo, pero también para a escuchar a la comunidad, analizar la información y construir acuerdos.

La comunidad universitaria participará desde sus experiencias, responsabilidades y necesidades, pero también podrá expresar opiniones de otros ámbitos que sean de su interés: opiniones y propuestas sobre la formación y servicios brindados a los estudiantes; el proceso de enseñanza-aprendizaje, las currículas, el modelo académico, la tutoría, la investigación, la planeación y la normativa; la información institucional y los procesos administrativos; los asuntos laborales y la normativa. Los egresados, empleadores, padres de familia, gobiernos, organizaciones sociales, colegios profesionales y sectores productivos aportarán la perspectiva externa sobre la pertinencia y el impacto social de la Universidad. La participación de cada individuo y/o sector deberá ser informada, respetuosa, transparente y accesible mediante diversos mecanismos presenciales y digitales.

Al día de hoy es palpable la desconfianza en la comunidad universitaria de que la Reforma sea utilizada para favorecer grupos políticos, candidaturas, intereses particulares o espacios de poder; que haya apatía y poca participación, que el diagnóstico sea incompleto o inexacto; que no exista claridad metodológica; que parta de decisiones previamente tomadas o que las propuestas de la comunidad no se traduzcan en cambios reales. También preocupa que los tiempos sean insuficientes, que las consultas no se conviertan en cambios normativos y operativos, que el proceso sea una simulación o un proceso inconcluso. Por todo ello es imprescindible la transparencia, la comunicación continua, las reglas claras y los mecanismos efectivos de seguimiento.

La Reforma permitirá reflexionar sobre los principales aspectos sustantivos de la vida universitaria organizados en tres ejes: el Académico, el Administrativo y el Normativo. De la información recabada hasta hoy, se han identificado algunos aspectos prioritarios para la discusión, a los que se podrán sumar otros:
• Ámbito académico: estructura académica, modelo educativo, formación de estudiantes, oferta educativa, investigación, docencia, extensión y vinculación.
• Ámbito administrativo: organización, planeación, servicios, transparencia, uso de recursos y procesos de gestión.
• Ámbito normativo: reglas, organización y gobierno de la Universidad, así como las formas de participación y toma de decisiones.

Aquellos que combinen consulta amplia, deliberación colectiva, análisis especializado y comunicación permanente, como encuestas, foros, mesas temáticas, asambleas por unidad académica, grupos focales, conferencias, seminarios, subcomisiones especializadas, consultas abiertas, recepción de documentos, buzones físicos y digitales, plataformas para registrar propuestas y espacios de discusión en los órganos colegiados. También se plantea publicar boletines, minutas, relatorías e informes de avances para asegurar la transparencia del proceso. Como mecanismo final de legitimación, la realización de un referéndum sobre los resolutivos alcanzados.